El nuevo presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), Lázaro González, ha dedicado su vida, desde que se jubiló, a velar por el bienestar de las personas de más de 65 años y a combatir la soledad no deseada como presidente de la Asociación contra la Soledad.

Psicólogo de formación, con una amplia experiencia en la administración pública y en la empresa privada, González tiene un objetivo: hacer llegar la voz de los mayores a las más altas instituciones españolas para que administraciones y empresas tengan en cuenta las necesidades e inquietudes de un colectivo del cual forman parte más de nueve millones de personas.

Así, bajo su presidencia, la PMP seguirá reclamando que se garantice el sistema público de pensiones, se desarrolle un nuevo modelo de los cuidados centrado en las personas, se dote de más recursos a la Atención Primaria, se adopte una Estrategia contra la soledad y se acabe con la exclusión digital de los mayores, entre otras medidas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas, nacida en 2021, es una organización, miembro del Comité Asesor de 65YMÁS, cuyos socios fundadores son la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (@MayoresUDP) y la ONCE (@ONCE_oficial). En total, representan a más de 5.746.000 afiliados. Su misión es facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales. 

PREGUNTA – Las principales asociaciones de mayores llevan años denunciando que las instituciones les oyen, pero no les escuchan. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación 

RESPUESTA – Creo que no se puede generalizar. Hay administraciones que están haciendo políticas efectivas, pero otras, no. Y, desde luego, ninguna hace todo lo que se podría. Destacaría que quienes más medidas de cercanía están tomando son los ayuntamientos, porque los problemas les vienen encima, pero no tienen competencias de cuidado o de salud, que dependen de las comunidades autónomas.

Pienso que se puede hacer mucho más. Por eso, un objetivo fundamental de la PMP es la interlocución con las administraciones.

Por ejemplo, recientemente, hemos hecho unas enmiendas a un proyecto de Ley sobre la creación de una Administración Independiente de Defensa del Consumidor Financiero, porque queremos asegurar que las personas sean bien tratadas. Hemos tenido interlocución con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, con el Banco de España y con la patronal bancaria.

Además, existe ya un pacto, desde hace un año, en el cual se establecen una serie de normas de buen trato y nosotros insistimos ahora para que se cumpla, haciendo estudios y dando datos. No vamos a defenderlo gritando o crispando, pero vamos a ser contundentes.

P.- ¿Qué más se puede hacer para lograr acabar con la exclusión financiera?

R.- Nosotros apostamos por que salga esa Ley, ya que el cliente mayor o con discapacidad no tiene fuerza frente a las entidades bancarias, y a los bancos les puede salir más barato no atenderles.

Por eso es importante que haya una autoridad a la que se pueda acudir y que resuelva las reclamaciones, sin necesidad de pasar por la Justicia. Es algo urgente y que, además, se está negociando en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, hemos realizado un decálogo, basado en uno que hicieron las patronales bancarias hace un año con el Ministerio de Economía, pero que no era obligatorio. Pedimos que las personas mayores sean atendidas personalmente, que no se les dé cita previa, que no se les quite la cartilla y que a los que no sepan manejar las tecnologías, les ayuden.

P.- ¿Qué otros sectores excluyen a los mayores? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación?

R.- Por ejemplo, nosotros hemos firmado un acuerdo con ADIF para que las estaciones sean accesibles, y que no sólo se quiten barreras, sino que los paneles orienten bien. También firmamos otro con la Agencia Tributaria para que se facilite a las personas mayores hacer sus declaraciones de Hacienda y que no tengan que ir a un gestor para todo. Y hemos hablado con la Seguridad Social, porque afecta mucho a los mayores que ésta funcione bien. No basta que las pensiones se paguen a tiempo o suban, que es fundamental, también es necesario que las personas se sientan atendidas y haya un trato personal.

Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero cada año haremos un informe, reuniones y recordaremos que hemos firmado unos compromisos. Con el tema de los bancos lo hemos hecho. ¿Cuándo cambiará? Nos queda mucho por hacer, pero vamos a intentar que sea lo antes posible.

P.- ¿Cree que la reforma de las pensiones promovida por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llegará a buen puerto?

R.- No tiene más remedio, porque es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía. Se han avanzado pasos, como el del Pacto de Toledo. Y este año, cuando ha habido una inflación desbocada, se ha cubierto con una subida aceptable. De no haberla hecho, la pobreza hubiese aumentado mucho.

Ahora, se están discutiendo los años de cotización necesarios. No queremos quitar protagonismo a la Negociación Colectiva, que es básica, pero sí defendemos que, si el país crece, no sólo hay que tirar de la hucha de las cotizaciones, sino que, para determinados colectivos y situaciones, también hay que hacer solidaridad fiscal, es decir, que desde los presupuestos se tienen que dignificar las pensiones no contributivas, las de viudedad… Es un tema clave. Y preocupa mucho. La inmensa mayoría de los mayores sólo tienen una pensión pública y les inquieta si puede fallar en el futuro. El sistema de solidaridad intergeneracional que tenemos es bueno y va unido a que la gente no tenga empleos de mala calidad.

Con la reforma de las pensiones, habrá altibajos, porque es un tema sensible, implica mucho dinero y hay intereses detrás. Pero nosotros somos defensores de las pensiones públicas, de que no pierdan el poder adquisitivo, de que se acompasen al crecimiento económico y de que se faciliten con solidaridad fiscal a los colectivos más desfavorecidos. 

P.- ¿Cree que no está en peligro el sistema público de pensiones?

R.-  No. Lo que ocurre, es que vamos a tener que trabajar mucho para que no lo esté. Pero no se puede decir que, porque suben mucho, las tenemos que quitar porque no hay dinero, sí lo hay. Decir que están en peligro y que los jóvenes no la van a cobrar no es verdad. Hay países en la Unión Europea, más prósperos que nosotros, que dedican más parte del PIB a pensiones. Y también debemos subir las cotizaciones, mejorar el empleo, probablemente haya que flexibilizar la edad de jubilación… Tiene que haber unos años mínimos, pero hay muchas personas que pueden, si quieren, seguir en actividades laborales para las cuales están bien cualificados. Es un tema complejo, porque influye mucho en la economía general. Son ajustes que hay que hacer poco a poco y no andar con dogmas como que no se pueden financiar.

P.- ¿Qué le parece el nuevo modelo de residencias que pactó el Gobierno con las comunidades autónomas –centros más pequeños, unidades de 15 usuarios, más personal, fin de las sujeciones, etc.?

R.- Creo que lo que se pactó es un paso adelante, para mí, moderado, pero vamos a saludarlo como bueno. Hay unos intereses adquiridos y no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Pediría a las comunidades autónomas que tengan lealtad, como en los estados federales. Si han pactado algo, vamos a seguir, porque es una vía buena. En este momento, probablemente es lo que se puede hacer, aunque no es la gran reforma que se tendrá que hacer en el futuro.

Que sean unidades más pequeñas es bueno, también que no haya macroresidencias, que tengan que reunir unas condiciones para acreditarse –número de profesionales y horarios–, que haya una inspección, que reciban un trato humano o que se sientan como en su hogar.

Ahora bien, hay que avanzar más. A la inmensa mayoría de las personas mayores nos gustaría envejecer en casa y hay que prever los medios para que eso sea posible.

Una persona mayor, más, si vive en un pueblo pequeño, no puede envejecer en su domicilio si no tiene servicios, ayuda a domicilio, una teleasistencia avanzada, centros de día, un sistema de atención primaria que les visita, un sistema de respiro para quienes cuiden…

Y esto no es sólo un problema de las administraciones, también lo es de la familia, del voluntariado… Pero, es el Estado el que tiene que liderar.

P.- ¿Qué hace PMP para que las administraciones cambien realmente el modelo de cuidados?

R.- La semana pasada tuvimos una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales en la cual estuvimos tratando la reforma de la Ley de Dependencia de 2006. Hemos hecho nuestras alegaciones. Pedimos como plataforma que haya una serie de prestaciones mínimas que se garanticen. Y que no sólo sean leyes de principios.

Ahí vamos a estar. No en la calle, gritando, pero sí ante el ministerio, como organización que representa al 60% de la población mayor. Es importante, porque esta Ley, que fue muy buena, no se ha cumplido por falta de medios ni se han garantizado unos mínimos.

P.- Se habla de la soledad no deseada como una pandemia silenciosa que no para de empeorar. ¿Por qué no se ha logrado poner fin a este problema?

R.- Es un tema que va a más. En la Unión Europea, afecta a 30 millones de personas y en España se estima que a más de dos. Hay que empezar por una serie de medidas. En primer lugar, las administraciones públicas deben tener una Estrategia para revertir este problema, que va en aumento.

Hemos reivindicado esto desde hace años. Se empezó a trabajar en borradores, pasó la pandemia, y nos dijeron que en este primer trimestre habría una, pero ya está terminando, y la echamos en falta. Aunque tampoco queremos un texto que diga que ya se va a resolver todo, porque es un problema de larga duración, pero sí uno que se hable de ‘x’ objetivos y ‘x’ medidas y que el año que viene se haga una evaluación, como han hecho el Reino Unido, Japón, el Estado de California (EEUU), Canadá, Australia, Dinamarca, Suecia…

Luego, las comunidades también tienen que tener su estrategia. Las administraciones que más hacen ahora son los ayuntamientos, que no tienen los recursos suficientes. Con la pandemia han hecho lo que han podido. Estamos en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias y tienen un interés grande en el tema: van a promover buenas prácticas, formar a funcionarios…

P.- ¿Cómo se previene la soledad?

R.- Se empieza por la educación –no se puede dejar a nadie– y la sensibilización –es tarea de todos–. Vivimos en una sociedad que cada vez es más individualista. Hemos mejorado mucho, llegamos a viejos en buenas condiciones, pero muchas veces es «sálvese quien pueda». Estamos centrados en el yo y no tenemos esa conciencia solidaria de decir: formo parte de una sociedad donde la mayoría puede seguir el ritmo, pero unos pocos se quedan fuera.

Otra forma de hacerlo también es que los servicios públicos lo faciliten. Hay muchas casas donde las personas mayores que no se pueden mover se encuentran como en una cárcel. Y las calles, a veces, parecen una gincana. Luego, hay personas que no oyen y no ven. Hay que facilitar la convivencia social y, para prevenir, se debe identificar a las personas solas y ayudarlas a que participen en todo, en el ocio, en la cultura, en las actividades… Es fundamental. Lo tenemos que hacer entre todos. En España, cada vez hay más voluntariado, pero no existe esa conciencia. Así que hay todavía un campo para desarrollar. 

P.- ¿Cree que la sociedad es más o menos edadista tras estos tres años de pandemia?

R.- La pandemia nos ha hecho despertar. Creíamos que éramos el mejor de los mundos, que teníamos una Sanidad pionera, que no había problemas… pero hay muchas cosas que no funcionan.

Aun así, creo que ha suscitado un mayor espíritu de solidaridad. A nivel micro, los vecinos han ayudado y eso ha sido positivo. Pero los cambios de base que había que hacer no se han realizado. Si ahora viniera otra pandemia y tuviésemos que volver a encerrarnos, las residencias volverían a tener problemas porque no se han hecho cambios de base.

Y luego, también hay que hacer un trabajo interinstitucional y transversal. Es decir, que si yo trabajo en Urbanismo, tengo que ver con la soledad también, porque si no das casas habitables o no hay quien pise las calles, eso determina si una ciudad es habitable.

Creo que el edadismo ha disminuido un poco, pero muy poco. La sociedad de consumo y la publicidad incitan más al individualismo que a la solidaridad. En el fondo, combatir el edadismo es simple: hay que reconocer unos derechos y conseguir que todas las personas de la comunidad se sientan necesarias. De hecho, los mayores lo son, incluso para la economía. Es más, diría, sobre todo para la economía.